Proyecto de Investigación UdeC buscará aportar a equidad de género en el acceso a la Justicia

21 de enero, 2021

 

  • La iniciativa liderada por la Dra. Ximena Gauché Marchetti entre 2018 y 2020 dio como resultado un protocolo de acción sobre atención en justicia con enfoque de género y diversidad sexual. El desafío actual es continuar la validación de este protocolo, a través del acompañamiento que realizará un equipo interdisciplinario UdeC gracias a la adjudicación de financiamiento Fondef para la continuidad del proyecto

 

Un nuevo instrumento para mejorar el acceso igualitario a la justicia, denominado Protocolo de Actuación para la Atención en Justicia con Enfoque de Género y Diversidad Sexual, es el principal resultado de un proyecto de investigación financiado por la ANID en la línea del Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico, Fondef, ejecutado entre 2018 y 2020, bajo la dirección de la académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, Dra. Ximena Gauché Marchetti.

La académica explicó que el estudio “identificó como problema de investigación de la inequidad en el acceso a la justicia en grupos históricamente excluidos de sus derechos fundamentales y la oportunidad que brindaba el compromiso formal adoptado en 2015 por el Poder Judicial (PJUD) con la incorporación de la perspectiva de género”.

“A partir de este problema de investigación, frente al que hay una insuficiencia de conocimiento e información”, detalló Gauché, “se desarrolló un estudio interdisciplinario que se realizó como insumo además para la elaboración del Resultado de Producción de la Primera Etapa (el protocolo de actuación para la atención en justicia con enfoque de género y diversidad sexual) y que se constituyó en un Diagnóstico Integrado sobre Género, Diversidades sexuales y el Poder Judicial de Chile cuya síntesis se encuentra comprendida en la primera parte del protocolo, como parte de sus antecedentes”.

El protocolo entrega recomendaciones para las situaciones en que el PJUD interactúa con la ciudadanía, pero también para las relaciones al interior de sus distintos estamentos. “Procura el uso de un lenguaje accesible pero riguroso y busca dialogar con documentos elaborados por el PJUD en el marco de la implementación de la Política de Igualdad de Género y no discriminación adoptada en febrero de 2018. Como instrumento, está destinado a ser utilizado por todos los integrantes del Poder Judicial y aspira a ser conocido también por personas usuarias del sistema de justicia chileno”, comentó la también Subdirectora de Género y Diversidad de la Universidad de Concepción.

 

Proyecciones y desafíos en las instituciones

Con la adjudicación de un segundo fondo de financiamiento Fondef por parte de la Dra. Gauché, se estudiarán nuevas líneas de investigación. “El desarrollo y resultados de la primera etapa del proyecto, nos permiten afirmar que, si bien el protocolo es un resultado que aporta como solución de interés público y fueron confirmada la hipótesis y cumplidos los objetivos, el problema y oportunidad en torno a la inequidad en el acceso a la justicia de mujeres y personas LGBTI se mantienen vigentes, presentando hoy nuevos matices que surgen de los cambios que el país ha experimentado en los últimos tres años”.

Considerando esta circunstancia como una nueva oportunidad de investigación, Gauché aseguró que en la segunda etapa se realizará una validación del resultado del producto del proyecto, en un modelo más cercano a su aplicación definitiva, y de esta manera continuar perfeccionando el protocolo: “Esta solución será desarrollada con el acompañamiento y participación de entidades vinculadas al Poder Judicial”, indicó la investigadora.

Estas acciones consideraran las particularidades del sistema de justicia chileno y pondrán especial atención a las funciones específicas que deben ejercer las personas que integran el sistema de justicia. Esta forma de trabajo, distinguirá a Chile respecto a otros países en que se ha intentado implementar protocolos similares, pero cuya efectividad ha sido limitada por falta de un proceso de acompañamiento o guía.  

En cuanto al rol que las instituciones del Estado deben cumplir para derribar las brechas de género que aún persisten en el acceso a la justicia, la académica reconoció “un importante compromiso institucional del Poder Judicial y de las asociaciones vinculadas con mejorar el acceso a la justicia a las mujeres y personas LGBTI que va más allá de la política institucional, y se ha reflejado en acciones concretas como las promovidas desde la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y no discriminación del Poder Judicial”.

Sin embargo, detalla Gauché, “como nuestra investigación evidenció, se requiere aún avanzar en proceso de formación y sensibilización, por ejemplo, para identificar los estereotipos que a veces afectan la tutela judicial efectiva. Además, hay condiciones estructurales del Poder Judicial, también presentes en otras instituciones, por cierto, que a veces influyen en que estos procesos de cambios no sean más rápidos. Ello ocurre, por ejemplo, con el carácter jerárquico de la institución”, afirmó.

 

Justicia con Equidad de Género en la nueva Constitución

De acuerdo a la experta en género y diversidades sexuales, el actual escenario de elaboración de una nueva Constitución puede ser una oportunidad importante para el avance general del país en materia de género y en particular en la administración de justicia. “Chile vive un momento único e histórico no sólo por la forma en que tendremos una nueva Constitución sino también por el carácter paritario del órgano que la redactará. Esto evidencia que, si bien las luchas por la igualdad de género son de larguísima data, en los últimos años a través principalmente de movimientos sociales, se ha visto favorecido el espacio para los cambios de diverso orden que se requieren”

“En ese sentido”, declaró, “una mirada al Poder Judicial chileno en el nuevo texto que se apruebe debería ir desde modificar lo que se conoce como ‘gobierno judicial’ hasta discutir sobre la paridad en los tribunales superiores, por ejemplo. También, incorporar constitucionalmente el derecho de las personas a vivir libres de violencia de género parece necesario. Este tipo de cambios favorecería avanzar de forma gradual pero más rápida en una justicia más cercana a las personas”.

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